Descuartizador de Majadahonda: la Comunidad de Madrid sigue sin pagar el casi millón y medio de euros que costó buscar los restos de sus víctimas

Han pasado más de 7 años desde que se diera a conocer la existencia del llamado 'descuartizador de Majadahonda' a la opinión pública, el mismo tiempo que la empresa gestora del vertedero de Pinto lleva esperando para recibir de la Comunidad de Madrid el cerca de millón y medio de euros que le supuso la búsqueda de los restos de una de las víctimas del majariego.

Desde la administración madrileña explicaron su negativa de abonar el importe - 1.446.698’40 euros- a la empresa gestora del vertedero al considerar que debía incluirse en las costas derivadas del juicio que irían a cargo del posible condenado. No convencidos con esta respuesta, la empresa de Pinto, que es privada y tuvo que contratar nuevos operarios y habilitar un turno de tarde para acelerar los trabajos de la búsqueda, les recordó que actuó por orden del Tribunal en manos del cual estaba la investigación del caso.

Finalmente, en febrero de 2022 la justicia le ha dado la razón a la empresa gestora confirmando que es la Administración Autonómica quien tiene que asumir los costes de la búsqueda al tratarse de gastos necesarios para que los objetivos que perseguía la Administración de Justicia en aquellos momentos se consiguieran. Es más, según se lee en la sentencia y tal y como apuntan desde El País “en caso contrario se causaría a quien hubiese cumplido con su obligación de prestar colaboración a los jueces o tribunales un grave perjuicio consistente en el impago o en un retraso indeterminado en el abono de los costes que no tiene obligación legal de soportar, tanto más cuanto que es obligación de la Administración competente el poner todos los medios a su alcance para garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

El caso del descuartizador de Majadahonda

En 2017, la Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que Bruno H.V. era criminalmente responsable de las muertes de Liria y Adriana, a las que troceó con una picadora de carne industrial y cuyos restos mortales escondió en un lugar desconocido.

Fue condenado a 27 años, tres meses y un día de prisión, después de que un jurado popular le considerara responsable de las muertes de las dos víctimas y en la sentencia se descartó que la esquizofrenia paranoide que padece anulara sus facultades mentales pues no se estableció una relación entre el delirio y los hechos cometidos.

La sentencia consideró igualmente probado que el condenado, años después del primer crimen, el 1 de abril de 2015 causó voluntariamente la muerte de Adriana, cuyo cadáver también troceó e hizo desparecer con posterioridad, ayudándose de la misma picadora de carne que tenía en el sótano del domicilio de Majadahonda, propiedad de su tía Liria y su primera víctima mortal.

En 2018, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo confirmaron  la sentencia y la pena condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid. Ni los restos del cuerpo de Liria ni del de Adriana, que fue buscado en el vertedero de Pinto entre el 28 de mayo y el 22 de diciembre de 2015, fueron encontrados.