El gobierno central anuncia la retirada del Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha acordado la incorporación al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática de nuevos vestigios que constituyen expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios, entre los que se encuentra el monumento a los rumanos caídos ubicado en Majadahonda desde 1970.

Las resoluciones, adoptadas afectan también al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife y a las inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existentes en las catedrales de Murcia y Almería.

El ministro, Ángel Víctor Torres, ha explicado en rueda de prensa que retirar estos vestigios es “un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura.”.

“La retirada o resignificación de símbolos de exaltación franquista responde a un imperativo legal para su adecuada contextualización desde los principios democráticos y el respeto a las víctimas de la guerra de España, de la dictadura y de su conexión con los regímenes totalitarios del siglo XX”, ha concluido.

Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda

El Monumento a los Rumanos Caídos fue inaugurado en 1970 para homenajear a Ion Moța y Vasile Marín, dirigentes de la Guardia de Hierro rumana fallecidos en 1937 mientras combatían junto a las tropas franquistas.

La Guardia de Hierro constituyó una organización de ideología fascista, ultranacionalista y antisemita, colaboradora del régimen nazi y responsable de la persecución y violencia contra minorías y opositores políticos en Rumanía.

La Comisión Técnica ha acreditado que el monumento constituye una exaltación del fascismo europeo y del franquismo y que, además, durante décadas ha sido lugar de concentración y homenaje por parte de grupos de extrema derecha.

La permanencia de este monumento en el espacio público resulta incompatible con los principios de la Ley de Memoria Democrática al suponer un reconocimiento público de dirigentes y organizaciones vinculadas a ideologías totalitarias y antidemocráticas.

Valoración de IU Majadahonda y PCE

Desde hace varias décadas han sido múltiples las iniciativas de IU Majadahonda, tanto en el ayuntamiento como fuera de él, para reclamar la demolición de un vestigio franquista que atenta contra la Ley de Memoria Democrática. De hecho, en 2015 el pleno municipal acordó la retirada de este monumento, a propuesta del PSOE y con el voto favorable de IU, Somos Majadahonda y Ciudadanos, sin embargo nunca llegó a llevarse a cabo. 

Desde el grupo local de IU han valorado positivamente la medida adoptada por el Gobierno central: "se da un paso necesario para eliminar un símbolo de exaltación fascista de nuestro municipio, a la par que se contribuye a respetar la memoria de las víctimas del franquismo que lucharon por defender los valores republicanos basados en la libertad, igualdad y los derechos humanos"

Desde Izquierda Unida reclaman al Ayuntamiento que facilite al máximo la aplicación  de dicha resolución. "Seguiremos trabajando para que en Majadahonda se avance en el cumplimiento estricto de la Ley de Memoria Democrática, empezando por el reconocimiento de todas las víctimas del franquismo vinculadas a nuestro municipio, como es el caso de Mariano Escribano Valero, que estuvo preso en el campo de concentración de Mauthausen; o de Marcelino Camacho y Josefina Samper, que sufrieron la represión franquista y residieron en Majadahonda los últimos años de su vida".

Por su parte la delegación local del PCE (Partido Comunista Español) en Majadahonda ha mostrado su satisfacción por la incorporación del monumento en el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Histórica, y su inminente retirada: "Esta retirada no sería posible sin la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, una conquista que es, ante todo, del movimiento memorialista: de las asociaciones de víctimas, de quienes durante décadas exigieron verdad, justicia y reparación cuando nadie más lo hacía, y de las organizaciones políticas y sociales que sostuvieron esa lucha contra el olvido impuesto. Sin esa presión social acumulada durante años, esta ley —y por tanto esta retirada— no existirían".