Abogados Cristianos pide a la Comunidad de Madrid que proteja del derribo el Monumento a los rumanos caídos de Majadahonda

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha registrado una petición formal ante la Consejería de Cultura autonómica para incoar el expediente que declare Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien de Interés Patrimonial el monolito de Majadahonda, una vía legal con la que buscan frenar de forma cautelar su inminente demolición.

El pasado 1 de julio, el gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, acordaba incorporar al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática el monumento a los rumanos caídos ubicado en Majadahonda.  Esta decisión obliga al Ayuntamiento a su retirada antes del 31 de Diciembre de este año, al considerarlo un vestigio de "exaltación del fascismo y de la dictadura franquista" que contraviene la Ley de Memoria Democrática.

Ahora, la asociación Abogados Cristianos ha solicitado a la Comunidad de Madrid su protección basándose, en primer lugar, en el valor simbólico e histórico de la estructura. La organización sostiene que el elemento central del monolito integra una clara simbología cristiana —encabezada por la gran cruz que lo corona— y defiende que su derribo vulneraría el deber legal que tiene la administración autonómica de proteger el patrimonio histórico y la significación religiosa.

A este argumento se suma la cuestión de la financiación de su construcción (mediante aportaciones privadas) y la titularidad del espacio donde se erige la construcción. Según argumentan, el monolito se encuentra ubicado dentro de una parcela de propiedad privada, una circunstancia que, a su juicio, limita la capacidad de las instituciones públicas para actuar de oficio y ejecutar la retirada del monumento de forma directa como si se tratara de un espacio municipal o estatal.

Mediante la solicitud formal de declaración de Bien de Interés Cultural a la Comunidad de Madrid, la fundación persigue activar un mecanismo de suspensión cautelar que invalide de forma inmediata cualquier orden de intervención o demolición sobre la estructura mientras el expediente de protección patrimonial se encuentre en fase de resolución.

"No se puede permitir que el Gobierno utilice la memoria de la historia de todos los españoles como excusa para derribar una cruz cristiana", ha señalado la presidenta de Abogados Cristianos.